El nuevo gobierno de Iván Duque está presentando por estos días un proyecto de Ley de Financiamiento, que entre otras cosas busca imponer IVA a la canasta familiar, entre otras medidas tendientes a aumentar el recaudo por impuestos.
En seguida voy a resumir algunos puntos claves de este proyecto de ley de financiamiento:
IVA a la canasta familiar
- Se grava la mayoría de productos y servicios de la canasta familiar, reduciendo el próximo año el IVA del 19% al 18%, hasta llegar al 17% en 2021.
- Los establecimientos que venden comidas y bebidas preparadas para consumir en sitio, a domicilio o para ser llevadas, estarían exentas de IVA.
- Estarían exentos también productos y servicios como educación, salud, transporte, preservativos, tampones, medicamentos, arriendos, entre otros.
- El proyecto de ley incluye un mecanismo de devolución del IVA a personas de bajos recursos (ingresos menores a $789.000). Que serían $53.300 mensuales.
Impuesto de Renta Personas Naturales
- Tarifa del 0% para personas con ingresos entre 0 y $4.800.000.
- Tarifa del 19% para ingresos entre $4.800.000 y $7.500.000.
- Tarifa del 28% para ingresos entre $7.500.000 y $18.100.000.
- Tarifa del 33% para ingresos entre $18.100.000 y $33.000.000.
- Tarifa del 37% para ingresos mayores a $33 millones.
Impuesto de Renta para Personas Jurídicas
- Reducción del impuesto de renta al 32% en 2020, y al 30% en 2022.
- Descuento del 50% por ICA e impuesto al 4 por 1000 en sus declaraciones.
En esta ley se está incluyendo la aparición de un nuevo delito no excarcelable para castigar el no pago de los impuestos.
Este proyecto de ley también contempla penas para personas que presenten servicios que permitan la evasión de impuestos.
Opinión
Este proyecto de ley claramente está castigando de manera frontal a la clase media colombiana. Gravar con IVA a la canasta familiar ocasionará un mayor freno al consumo de los hogares, congelando aun más la maltrecha economía colombiana, azotada por el desempleo, empleos con baja remuneración, un alto grado de corrupción y burocracia, altos costos de la inmigración venezolana y el proceso de paz, entre otros tantos factores que tienen la economía en bajos niveles de crecimiento.
Esta bien que el gobierno trate de recaudar recursos para sus diferentes planes de gasto, pero hay un hueco fiscal que no debe ser llenado a costa de la clase media trabajadora colombiana, y es la corrupción campeante que aflora en nuestro país. Si sólo sumaramos en conjunto los conocidos casos de los descalabros de Reficar, Odebrecht y los cientos de casos de robos a la salud y educación, entre otros muchos más; se tendrían unos recursos importantes para los gastos del gobierno. Lo peor es que los pillos se salen con la suya, los más sonados casos de corrupción terminan en penas irrisorias y pequeñas multas comparadas con el monto de lo hurtado.
Por otro lado tenemos la extendida burocracia del gobierno, que conlleva institutos, departamentos, agencias, consejerías, etc. Muchas de estas entidades se crean para repartir mermelada política, copadas con funcionarios con grandes sueldos en entidades paquidérmicas e ineficientes.
Este tipo de reformas o leyes de recaudos de impuestos no lograrán su cometido a largo plazo, porque el desangre a las finanzas públicas seguirá sin fin, el apetito burocrático seguirá abriéndose cada vez más entre más recursos hayan disponibles. Un estado eficiente, que controle y maneje los recursos de todos con inteligencia y honestidad, serían la clave para lograr que los impuestos se vean reflejados en su fin último, el bien común para todos.
Es por eso que medidas como las planteadas por el gobierno, que castigan el bolsillo de la clase media colombiana, con un destino final a la corrupta élite política y financiera de este país, es un asunto injusto que debe ser tomado muy en serio en el Congreso, para evitar que el colapso económico social de Colombia siga en una imparable espiral descendente.
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